
Así se desprende del último Informe Raxen elaborado por el Movimiento Contra la Intolerancia presenado hoy en Valencia. El estudio recoge la opinión vertida por los estudiantes en la encuesta escolar sobre Actitudes ante la inmigración y cambio de valores realizada en 2008 por el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (CEMIRA) de la Universidad Complutense de Madrid.

En tercer y cuarto lugar les siguen los latinos y los orientales, mientras que los negros de África y los judíos van a la cola de esta lista xenófoba con valores que oscilan entre el 21,6% de los negros y el 18,8% de los hebreos.

En él se analiza la realidad que nos rodea desde el punto de vista de la xenofobia y la intolerancia social, llegando a la conclusión de que aumenta de forma alarmante, más aún si cabe si se tiene en cuenta que no existen políticas específicas para combatir "la potente agitación xenófoba de la nueva ultraderecha".
Indolencia frente a las 200 webs ultras
El presidente de la asociación Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, también alerta de la capacidad de internet para propagar las ideas neonazis, puesto que ya se cuentan 200 webs de este calado y la respuesta institucional sigue siendo "indolente ante la infección neonazi".

Individuos y asociaciones populistas e intolerantes
Los prejuicios hacia la inmigración, el miedo a la pérdida de identidad cultural y, sobre todo, la deficitaria preparación de la sociedad española para la diversidad "posibilitan un escenario social potencialmente utilizable por organizaciones e individuos que basan su propuesta en el populismo xenófobo y en la intolerancia extrema", aseguró Ibarra.

Murcia, entre las comunidades afectadas
Además, en los últimos años se han registrado incidentes y agresiones en más de 250 municipios españoles que afectan a todas las autonomías, concentrándose en ocho comunidades autónomas: Valencia (donde se producen la mitad de los incidentes), Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-León y Murcia.

Pese a este escenario, Ibarra reconoció "el paso serio" que ha dado la Fiscalía de Valencia al permitir a las víctimas de este tipo de violencia denunciar sin precisar su domicilio, un requisito que frena el número de recursos de este tipo por "miedo" a ser localizados y agredidos.
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