La Fiscalía de Murcia pide la imputación de Cerdá

MURCIA (6 jul. 2013). - La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que llame a declarar en calidad de imputado al consejero de Agricultura de la Comunidad Autónoma, Antonio Cerdá, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad. Según el dictamen del Ministerio Público, existen indicios suficientes contra Cerdá por su supuesta participación en la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), para permitir a la empresa Hansa Urbana la construcción de 3.000 viviendas, dos hoteles y dos campos de golf a orillas del Mar Menor.

El proyecto, conocido por 'Novo Carthago', fue presentado en junio de 2003 para ejecutarlo en una superficie de 580 hectáreas, viéndose afectada una zona protegida, el paraje natural conocido como Saladar de lo Poyo, para lo que se preveía una inversión de seis mil millones de euros y ocho mil puestos de trabajo.

En esta causa judicial ya están imputados el exdirector general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, y una asesora de Cerdá, María Antonia Fernández. La Fiscalía indica ahora que la iniciativa partió del propio consejero.


La Fiscalía indica que los cambios introducidos en la normativa del PORN fueron realizados "al margen" del Servicio legalmente competente en la materia, al hacerse por medio de una asesora de carácter eventual que no tenía facultades legales para intervenir en este tipo de expedientes.

Asimismo, echa en falta los estudios que justificaran la conveniencia de dichos cambios, cuando, por el contrario, había alegaciones anteriores que fueron rechazadas por la Administración Regional.

Tras la recepción del dictamen, será la Sala de lo Civil y Penal del TSJ la que decidirá si abre diligencias contra el consejero y lo llama a declarar como imputado o si, por el contrario, devuelve las actuaciones al Juzgado de Instrucción para que continúe con la tramitación de la causa.

Al conocerse, hace ahora un mes, la noticia de que el TSJ había pedido un dictamen a la Fiscalía para que informara sobre su encausamiento, el consejero Cerdá declaró su inocencia y dijo que fue él quien, en 2009, paró el proyecto urbanizador.

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