Caja Murcia pedirá al Estado mil millones de euros y disminuirá plantilla con prejubilaciones

MADRID / MURCIA (7 jun. 2010). - El Sistema Institucional de Protección (SIP) al que se han acogido Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra (Baleares) pedirá prestado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) unos mil millones de euros. Con esta denominada fusión fría se unirán en una sociedad central en forma de banco, que tendrá su sede en Madrid, y sumará 8.668 trabajadores, cuya reducción de plantilla se llevará a cabo mediante jubilaciones anticipadas. La unión liderada por Caja Murcia ocupa el sexto lugar entre las cajas españolas, al sumar unos 73 mil millones de euros en activos, y el cuarto lugar, por sus 1.703 oficinas.

Se calcula que los activos tóxicos del ladrillo en el sistema financiero español acalza los 250.000 millones de euros, estando 40.000 de ellos en posesión de las cajas de ahorro. Unos 1.500 de éstos corresponderían a Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que, por su parte, ha liderado otra fusión fría con las cajas de Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla La Mancha, y que pedirá, por su parte, unos 1.600 millones de euros al FROB.

La unión liderada por la CAM la convierte en la tercera más importante de España, detras de La Caixa, que no pedirá ayuda al Estado, y Caja Madrid, que pedirá al FROB cerca de 3.000 millones de euros. En total, las cajas de ahorro españolas necesitarían entre 24.000 y 34.000 millones de euros para recapitalizarse.

Hasta el momento, de las 44 cajas de ahorro que existían al finalizar el año 2009 han pasado a unirse en 22 fusiones frías y calientes, una oleada nunca vista. Una docena de procesos de concentración se han tragado la mitad de las cajas. Aún quedan diez en busca de alianzas.

El calendario acaba dentro de una semana y si por las prisas no se han realizado bien, tendrá que haber una segunda ronda de fusiones. La clave se encuentra en que tienen que recortar gastos en un momento de márgenes de beneficio a la baja y provisiones de capital al alza, centrándose el problema en la solvencia de las SIP, que tendrán que devolver con intereses el dinero que pidan al Estado.