Seis "hombres buenos" de la Huerta de Murcia, imputados por estafa al vender acequias y quijeros

El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, entre los que se encuentran los imputados, en la puerta de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid.

MURCIA (7 oct. 2011). - El presidente del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y también presidente de la Junta de Hacendados de la misma, Sigifredo Hernández, que también es alcalde del PP en la pedanía de Santa Cruz, ha sido imputado junto a otros cinco miembros de su Comisión Representativa (Junta Directiva) por un presunto delito de estafa por haber cedido el uso de miles de metros de acequias y quijeros a promotores y constructores para que construyeran viviendas sobre ellas. Esas cesiones serían ventas encubiertas, según la querella presentada por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur). Se da la circunstancia de dicho consejo, como Patrimonio de la Unesco, protagonizó ayer mismo la ilustración del cupón de la ONCE.

Tanto Hernández, como su vicepresidente, Diego Frutos Saura, y los vocales Diego Melgar Sánchez, José Frutos Serrano, Ángel Cano Valverde y Benito Abellán Conejo habrían vendido de forma encubierta cauces de acequias y sus quijeros sin contar con la preceptiva autorización de la Junta General (Juntamento General).

El Consejo de Hombres Buenos, tribunal interno tradicional de los huertanos murcianos, está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y como tribunal consuetudinario por la ley orgánica del Poder Judicial, en cuya apertura anual tiene asiento, al igual que el representante del Tribunal de las Aguas de Valencia. A ambos organismos estuvo dedicado el sorteo de la ONCE de este seis de octubre, dentro de la serie dedicada a las instituciones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Sin contar con la opinión de la Junta General, que agrupa a 22.000 huertanos, los imputados hicieron cesiones de uso y aprovechamiento urbanístico de miles de metros de acequias y quijeros, la mayoría en la zona huertana de expansión urbanística al norte del centro de la ciudad de Murcia para que promotores y constructores edificaran sobre ellos bloques de pisos o urbanizaciones durante la época del "boom" inmobiliario de la década pasada, según la querella admitida a trámite.

La querella también indica que hubo ventas que se hicieron a precios distintos al establecido de 120 euros por metro cuadrado en un Juntamento General – del que no existe acta, asegura Huermur–, con el resultado de que las cuentas de ingresos no cuadran. En un caso concreto en el que se debieron cobrar 323.640 euros y se ingresaron 215.458 menos, es decir solamente 108.182.

Numerosos son los contratos con membrete oficial de la Junta de Hacendados y firmados cada uno de ellos por un simple procurador de acequia y por Sigifredo Hernández en calidad de testigo junto con los constructores, promotores o representantes de Juntas de Compensación interesados. En estos contratos se les cedió el uso y el aprovechamiento urbanístico de acequias y quijeros, en algunos casos con tramos de bastante longitud, a cambio de distintas sumas de dinero, según se asegura desde Huermur.

"Tras el estudio de diversos contratos, que son aportados como documentos adjuntos en la querella, se advierte que dichas cesiones se realizaron posiblemente sin la necesaria aprobación competente, que tendría que haber sido la del Juntamento General, asamblea de hacendados que es la única que puede enajenar las propiedades de la comunidad de regantes, según la Ley de Aguas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y las propias Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia.

"Nos encontraríamos con un supuesto en el que el presidente de una escalera, o el portero, procedieran a ceder la propiedad de la entrada, un trozo de escalera, o la terraza, a un tercero, a cambio de dinero y sin que la Junta de Propietarios lo apruebe ni tenga conocimiento de ello".

Desde Huemur se considera la decidión judicial "una nueva victoria de los miles hacendados de la huerta que nos interesamos por su conservación, haciendo que aquellos que no creen en la huerta pero se autoproclaman sus jueces y valedores expliquen ante la justicia sus conductas y su interés por esta huerta a lo largo de sus últimos ocho años de mandatos".