¿Agua para todos?: El Ayuntamiento de Murcia (PP) le corta la potable a los más necesitados

MURCIA (22 oct. 2011). - Junto con los desahucios y otros traumas sociales, un síntoma especialmente dramático de esta crisis lo conforman aquellas familias a las que Aguas de Murcia les está cortando el suministro de agua potable por impago de dos facturas acumuladas que, según los cálculos de la propia empresa, supera la decena cada día. Esta empresa de capital mixto (municipal y privado) considera que el "impago de un número de dos recibos consecutivos implica que el usuario se da de baja del servicio" y esta presunta voluntariedad del usuario a darse de baja es lo que "autorizaría el corte del suministro". Pero lo que dice Aguas de Murcia es manifiestamente falso, según denuncian María Giménez y Andrés Pedreño, profesora de Derecho y profesor de Sociología de la Universidad de Murcia, respectivamente, y miembros del Foro Ciudadano de la Región de Murcia.

Las familias más golpeadas por la crisis están viviendo situaciones intolerables de vulnerabilidad existencial y el impago de la factura del agua se debe a situaciones límite de pobreza, y pueden ser miles las familias afectadas por esta práctica de Aguas de Murcia, añaden los citados profesores. Dado que el Ayuntamiento de Murcia es el que conoce la dimensión del drama y tiene los datos del número de familias que están afectadas por esta práctica de Aguas de Murcia y amparándose en el derecho a la información pública, ha sido remitida una instancia al alcalde murciano, Miguel Ángel Cámara, del PP, solicitándole tales datos, sin que por ahora se haya obtenido respuesta alguna, señalan ambos profesores,

Los dos miembros del Foro Ciudadano dicen que, con estas prácticas, Aguas de Murcia está penalizando a las clases populares y agravando los efectos de la crisis sobre estos estratos de la población, una práctica que "contraviene el derecho humano al agua", reconocido por la ONU el 28 de julio de 2010, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución histórica 64/292, que reconoce el derecho humano al agua potable y el saneamiento como "esencial para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos humanos".

Es evidente que el derecho al agua no puede ni debe traducirse, desde el punto de vista jurídico, en un derecho a una cantidad ilimitada de agua, ni exige que el agua se suministre de forma gratuita en todos los casos, señalan ambos expertos. Sin embargo, cuando las personas no pueden pagar el agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas —por razones de pobreza, de urgencia o circunstanciales— es responsabilidad de los ayuntamientos suministrar ese agua necesaria para satisfacer dichas necesidades a través de subvenciones o como un derecho incondicional, afirman. Y recuerdan que, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar tiene una bonificación para pensionistas y familias con bajos recursos del 90% en la tarifa, aplicado en la cuota de abono trimestral y en el consumo mínimo hasta 20 metros cúbicos.

En este sentido, es de justicia que el Ayuntamiento de Murcia siga la misma línea que otros consistorios españoles e introduzca en el Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable el reconocimiento del abastecimiento básico gratuito en el volumen recomendado por la ONU y la OMS, expresan los profesores de la Universidad de Murcia. Y agregan que, para evitar posibles fraudes, la gratuidad en el servicio estaría condicionada a la previa comprobación por los Servicios Sociales de la falta de recursos económicos para atender al pago de las necesidades básicas. Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia debería incorporar una tarifa social para tramos mayores de consumo, cumpliendo así con el requisito de "asequible" que se desprende del concepto de derecho humano al agua.

Ante lo que está ocurriendo en el municipio de Murcia con el abastecimiento del agua potable, esta mañana se ha celebrado en las puertas de la sede de la empresa Aguas de Murcia una asamblea ciudadana por el derecho humano al agua, con el lema “¿Agua para todos? Por un grifo en cada casa y una fuente en cada plaza". El objetivo de la concentración ha sido poner de manifiesto y denunciar la situación por la que pasan cientos de familias del municipio murciano, a quienes se les está cortando bruscamente el suministro de agua por el impago de dos facturas consecutivas. El problema de fondo, según los convocantes, es que el servicio de suministro y saneamiento de agua está de facto en manos privadas, y éstas no garantizan el derecho humano al agua. Por ello, los asambleístas exigen que este servicio vuelva a ser enteramente público y sometido al control democrático de la población.

Durante la asamblea han intervenido diversas personalidades de diferentes ámbitos sociales, entre ellos Miguel Poveda, sociólogo urbano; María Giménez, jurista experta en agua; Pedro Carrasco, de la comisión Jurídica del 15M, y Julia Fernández, de Ecologistas en Acción. También ha sido proyectado un documental en el que se recogen testimonios de primera mano de afectados y afectadas por este problema, en donde se analizan sus causas y consecuencias, y se proponen soluciones. Los asambleístas han marchado después pacíficamente por el centro de la ciudad, para terminar ante las puertas del Ayuntamiento de Murcia, donde ha sido leído un manifiesto dirigido a la corporación municipal y al alcalde, como responsables últimos de esta situación

Por otra parte, el pasado uno de octubre, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia presentó una querella contra la dirección de Aguas de Murcia, por un presunto delito contra el medio ambiente. El ministerio público imputa a esta empresa mixta (51% de propiedad municipal y 49% de Aquagest Región de Murcia-Aguas de Barcelona) extraer ilegalmente aguas subterráneas para baldear calles, regar jardines y llenar fuentes ornamentales de la ciudad de Murcia. Los hechos han sido investigados a lo largo de un año.