IU estudia querellarse contra el juez Romero por su inconsistencia, extravagancia y malaintención

Señala que Pujante es "imputable" y se "olvida" de citar al concejal del PP lorquino que también viajó a Sevilla

MURCIA / LORCA (18 jul. 2009). - Izquierda Unida de la Región de Murcia (IURM) estudia querellarse contra Sergio Romero, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca (a la izq. en la foto), por la resolución judicial que ha dictado en la que se inhibe de parte del caso Limusa y lo eleva al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, en la que expresa que el único diputado regional de esta coalición, José Antonio Pujante, puede ser "imputable" de un presunto delito de malversación de fondos públicos.

El abogado y miembro de la dirección de IURM, Joaquín Dólera, ha dicho en rueda de prensa ayer tarde en Murcia que "imputables somos todos los humanos", por lo que este término en una resolución dictada por un titular del poder judicial es una "extravagancia que se suma a la global de un documento que acusa a Pujante de malversación de fondos públicos, cuando éste nunca tuvo acceso a ellos, pues era concejal de la oposición en Lorca, con mayoría absoluta del PSOE en 2004", año de los hechos denunciados.

Pujante fue uno de los integrantes de una delegación del Ayuntamiento de Lorca, que, por mandato del pleno municipal, viajó a Sevilla ese año a unas jornadas sobre recogida y soterramiento de basuras, en la que participaron asimismo los ediles lorquinos del PSOE, Bartolomé Soler, y del PP, Jesús López, y el gerente de la empresa municipal lorquina de limpieza Limusa, Francisco Gil.

Durante ese viaje a Sevilla, al parecer, se cargaron a Limusa, además de los gastos de gasolina, manutención y alojamiento de los miembros de dicha delegación, facturas del club de alterne La Casita, que hizo Gil con su tarjeta de crédito como gerente de dicha empresa municipal.

Pujante "sólo cumplió con su obligación" en su viaje a Sevilla y "no hay ninguna sospecha" de que "pudiera haber estado en un club de alterne", asegura Dólera. Es más, el propio gerente de Limusa ya declaró ante el juez que Pujante no estuvo en ese local, como el propio diputado regional de IU también reiteró ayer en rueda de prensa, tras haberlo dicho hace semanas cuando el diario El faro publicó esta parte de un sumario aún hoy bajo secreto por el juez Romero.

Además, los dirigentes de IU señalan que este juez "interpreta tibia, insuficiente y subjetivamente una fundamentación jurídica de todo punto inconsistente, y no cita al concejal del PP, no aforado, que participó en el mismo viaje".

Dólera asegura que el auto de este juez "carece de rigor jurídico en la fundamentación de la acusación, es deficiente, desproporcionado, no contiene indicios racionales de criminalidad" contra Pujante, pues éstos son "infundados e insuficientes, con poca base e, incluso, malintencionados".

Según Pujante, las actuaciones judiciales deben llevarse con una mayor racionalidad, ya que el daño moral y político que causan es importante. Ha reiterado que su tranquilidad es absoluta y ha mostrado su confianza en que la justicia "llegue al final" de este caso de presunta corrupción, pero también su "extrañeza" porque el juez Romero no le haya llamado a declarar ni en calidad de testigo. Dolera, por su parte, ha asegurado que "no hay posibilidad jurídica de que Pujante sea imputado" por el TSJ.

Las investigacioens de la trama de corrupción del caso Limusa, la empresa de limpieza municipal de Lorca, ha llevado a los calabozos, hasta el momento, a doce personas. Entre ellas, el ex alcalde de Lorca y ex presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Miguel Navarro; tres ex concejales socialistas, Miguel Miras, Jesús Molina y Manuel Sevilla; al ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino; un notario, Sebastián Fernández Rabal; un médico, Urbano Alejo; un corredor de seguros, Ángel Trinidad Martínez; al ex interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyato; al ex presidente del Lorca Deportiva, Antonio Baños; a su hermano, José Baños; y al director de la Caja Ahorros del Mediterráneo, Manuel Latorre.

Todos ellos, tras declarar, fueron puestos en libertad con cargos, a excepción de Francisco Gil Eguino, que permaneció en prisión casi tres meses.

Durante la investigación se han registrado numerosas viviendas y despachos en Lorca y Águilas.

Foto: Sergio Romero (izq. de la imagen) en su toma de posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca, en una foto del diario La Verdad el pasado 27 de noviembre.