Las lecciones de San Esteban / por Patricio Hernández Pérez, presidente de Foro Ciudadano

EL CONFLICTO sobre la conservación del arrabal andalusí de San Esteban va camino de convertirse, como era previsible, en una catástrofe cultural y una crisis política de desafección ciudadana hacia los mecanismos representativos de la política institucional. Con la provisionalidad que supone reconocer que aún es un episodio abierto de nuestra vida pública, me atrevo a arriesgar unas primeras conclusiones.

La primera se refiere a la soberbia institucional como viejo estilo de gobierno que pervive muy arraigado en una región que históricamente sufrió formas arquetípicas de caciquismo. Lo que hemos de calificar de una patología democrática tiene que ver ahora sin duda con el fenómeno contemporáneo de amplias mayorías absolutas prolongadas en el tiempo y la reiteración de un ejercicio de la autoridad imperativo fundado en la estricta legitimidad electoral y en el monopolio del espacio público antes que sobre la generación de diálogo y consensos amplios, eso que ahora conocemos con un término traducido del inglés, gobernanza, y que se refiere a una forma de gobierno donde las decisiones son producto de la interacción y las dependencias mutuas entre las instituciones políticas y las sociedad como respuesta a los problemas de nuestras sociedades complejas, y en el que la participación de los ciudadanos no es una posibilidad sino un requisito.

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Unos gobiernos más débiles, necesitados de crear espacios de acuerdo, no se decidirían tan fácilmente, en una ciudad destrozada sin descanso desde mediados del siglo XIX hasta hoy en su urbanismo y su patrimonio histórico, por arrasar el mayor yacimiento de la ciudad histórica para construir un más que cuestionado parking, de cambiar la posibilidad de crear un nuevo lugar, cargado de significados para la ciudad y sus habitantes, para la identidad colectiva, la imaginación y la memoria afectiva, por un clónico y literalmente insignificante no-lugar.

Así concluimos que detrás de la retórica del alcalde Cámara sobre un nuevo Plan Murcia 2010 para crear "una ciudad creativa, innovadora y sostenible", en el que "la participación ciudadana sea un elemento fundamental" para "convertir la ciudad en capital cultural del Mediterráneo", no hay más que un discurso impostado que carece por completo de credibilidad, una operación de contrabando ideológico y de abuso del lenguaje con una inverosímil apropiación de campos conceptuales por completo ajenos a las prácticas de su gobierno local.

Lo mismo ocurre con la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2016. Después de los penosos retrasos y las indefiniciones de la candidatura murciana frente a sus activos competidores, el conflicto ciudadano sobre San Esteban y la inminente destrucción del barrio medieval murciano arruinan por completo las opciones de Murcia hasta el punto de que, para evitar el ridículo al que nos dirigimos, más nos convendría retirar la candidatura. No puede haber proyecto cultural creíble cuando se desprecia a los ciudadanos y se expolia el patrimonio histórico para servir a los intereses económicos de unos pocos.

Conflictos como el de San Esteban evidencian también, por otra parte, que la dialéctica gobierno-oposición, la convencional y desacreditada lucha partidaria, en un marco de continuadas mayorías absolutas y de creciente configuración de la política como una esfera separada de la sociedad, no puede recoger y dar cuenta de una pluralidad social que tiene otros actores que deben ser tenidos en cuenta y que acaban por desbordar el marco tradicional de la representatividad política. Resulta patético el intento de algunos viscerales militantes y dirigentes populares por convertir este conflicto en una cómoda lucha PP-PSOE.

Contra lo que algunos desearían la sociedad civil no está muerta y acaba por reclamar su protagonismo directo más allá de los cauces restrictivos de la esclerotizada democracia representativa. Lo mejor de este conflicto es que ha mostrado que existen sectores sociales dispuestos a comprometerse directamente en la acción pública, con la capacidad organizativa y la creatividad necesaria para poner en jaque a unas aparentemente todopoderosas instituciones. Nada será igual en el futuro.

Otra reflexión inevitable se refiere al específico papel de la consejería de Cultura. Como en el caso imborrable de la censura a Leo Bassi, el supuesto proyecto de modernidad cultural que pretenden encarnar sus responsables alberga contradicciones insolubles que lo desmienten radicalmente.

Despreciar la política de Patrimonio Histórico, de lo que tenemos gravísimos ejemplos recientes en la brutal agresión al Castillo de Lorca por la construcción de un Parador (con el informe técnico favorable del mismo arqueólogo que ha firmado el de San Esteban, y el repudio más contundente de los técnicos del Instituto del Patrimonio Histórico Español) o en la drástica disminución del presupuesto regional en este capítulo para 2010 (una bajada de 62,9% respecto a 2009), a lo que tenemos que añadir ahora la prevista destrucción del mayor yacimiento urbano de la capital, excepcional por constituir un barrio completo que permite reconstruir la vida de los murcianos de hace ochocientos años, descalifica por completo una acción pública que ignora, como señala el filósofo Odo Marquard, que todo porvenir necesita un provenir, una tradición y una historia en la que situarse aunque sea como ruptura y negación.

La utilización de informes técnicos internos, ni siquiera realizados por equipos multiprofesionales, que se completan con supuestos asesoramientos internacionales, como si entre lo propio y lo remoto no hubiera un espacio intermedio para asesorarse con excelentes equipos profesionales e instituciones consultivas de la región y del país, así como las urgencias con las que se abordan y deciden cuestiones complejas nada claras, a lo que hay que sumar la ausencia completa de órganos institucionales de participación de la sociedad en estas decisiones, arroja una sombra definitiva sobre la forma de trabajar de la consejería de Cultura en este campo.

Finalmente, puede que no se haya dado cuenta él mismo todavía, pero es probable que el señor Ujaldón sea ya un zombi político, un muerto viviente del que terminarán por deshacerse cuando pase todo esto, pues ya está gastado y amortizado, y sólo su caída podrá evitar quizás un desgaste mayor de sus jefes, y cuando ocurra no creo además que importe mucho a casi nadie.

Patricio Hernández Pérez es presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia. Artículo publicado en el diario La Opinión. - (5 dic. 2009). - forociudadano.org