
El proyecto del nuevo estatuto castellano-manchego que se está debatiendo en el parlamento español fue previamente aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha con el acuerdo unánime del actual presidente de su Junta de Comunidades, el socialista José María Barreda, y la secretaria general del PP de esta región, María Dolores de Cospedal, que desde el último congreso de su formación, celebrado en Valencia, es la número dos del partido que preside Mariano Rajoy.
Seguir Leyendo... En una lluvia de reproches entre unos y otros, el número dos del PSOE castellano-manchego ha denunciado que Cospedal haya “calentado” la manifestación de Murcia, mientras que la viceportavoz socialista murciana, Begoña García Retegui, ha criticado que el presidente del PP de Andalucía, el exministro aznarista Javier Arenas, acuda a la manifestación de hoy en Murcia cuando es “alguien que ha estado trabajando en la negociación del Estatuto castellano-manchego, precisamente para ponerle fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura”.
Aunque se ha pedido que no se exhiban pancartas ni lemas políticos en la manifestación pro-trasvasista de hoy en Murcia, como se sabe, el agua viene siendo utilizada por parte del Partido Popular desde hace un quinquenio como arma electoral para conseguir votos en las comunidades valenciana y murciana. La web oficial del Gobierno murciano, a la vez que expresa que el ejecutivo del popular Valcárcel estará, “como siempre, al lado de los regantes”, es utilizada como arma partidista contra el Gobierno de España, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al atacarle en la misma convocatoria a esta manifestación de “asfixiar a unas comunidades para beneficiar a otras”.
Socialistas y populares valencianos coinciden también en la defensa del trasvase Tajo-Segura, vital para las comarcas del sur de esta comunidad, según señalan, y de ahí su apoyo a la manifestación de hoy miércoles en Murcia. Pero ambos partidos mantienen también su guerra de acusaciones mutuas sobre su posible fin. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, critica la debilidad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, frente al criterio de la líder del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a favor de la caducidad del trasvase.

A esta manifestación han confirmado su presencia el presidente del gobierno valenciano, Francisco Camps. También, el diputado socialista por Murcia y exministro de Justicia, Mariano Bermejo.
La creación de un trasvase del Tajo al Segura data de la II República, cuando en 1933 el ministerio de Obras Públicas regido por el socialista Indalecio Prieto diseño su proyecto. Será un Consejo de Ministros de 1967 de la Dictadura Franquista el que apruebe las obras de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura. Once años después finalizaron dichas obras y fue a las ocho de la mañana del 20 de marzo de 1979 cuando se llevó a cabo el primer desembalse de agua con destino al Segura desde los pantanos de cabecera del Tajo, de Entrepeñas y Buendía, en la provincia de Guadalajara. Un primer trasvase que ya se hizo casi “a escondidas” por el temor a empezar ya con la “guerra del agua” entre comunidades.
Esta obra faraónica, una de las más espectaculares de España, costó 945 millones de euros, recorre 300 kilómetros y abastece a 88 comunidades de regantes en las provincias de Murcia, Alicante y Almería. Por una ley de 1971 se había establecido ya que si las reservas de la cabecera del Tajo eran inferiores a 554 hectómetros, sería el Consejo de Ministros quien, en última instancia, aprobaría trasvases al Segura. En 1982 fue creada la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura para coordinar entre las dos confederaciones hidrográficas el agua a trasvasar. También en ese año fue creado el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Desde que se abriera su grifo en aquélla mañana de hace ahora treinta años, el Tajo ha aportado 9.707,320 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura, lo que ha permitido aumentar la población de esta zona hasta los 2, 5 millones de habitantes, que en la actualidad beben de sus caudales a través de la Mancomunidad de Canales del Tahibilla. La mayor parte del agua trasvasada es utilizada para el riego de 147.500 hectáreas agrícolas. El agua del Tajo propicia una producción agroalimentaria en el sureste levantino español por valor de unos 6.000 millones de euros anuales, nicho económico que cobija en torno a 100.000 empleos. Estas son las cifras de su solidaridad, señalan en Castilla – La Mancha, una comunidad enfrentada a los intereses de unas provincias mucho más ricas que ella: Murcia, Alicante y Almería, tanto por su espectacular “revolución verde” de sus últimos tres decenios como por su desarrollo turístico, que propicia megalómanos resort urbanísticos que acaban impunemente con sus últimos reductos ecológicos tanto en la costa como en el interior. Ahora, para defender que del Congreso de los Diputados no salga un nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla – La Mancha que pueda acabar con las aportaciones hídricas del Tajo al sureste, se le acusa a dicho texto de “insolidario” e “inconstitucional” y se decide convocar masivamente a los ciudadanos en la calle. Esperemos que no se saque en esta ocasión la pancarta electoralista del “Agua para votos”.
Ilustraciones: Canal del trasvase de agua del Tajo por tierras castellano-manchegas, cabecera del citado río y croquis del post-trasvase de la Cuenca Hidrográfica del Segura.
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