MADRID (28 mayo 2009). - Nuevos datos conocidos hoy ofrecen la pésima situación ecónomica, en relación con el resto de España, de la región murciana gobernada su comunidad y la mayor parte de sus municipios por el Partido Popular. La mayor caída en el número de visados de obra nueva la registra Murcia, con un -80,8 por ciento, siendo el descenso medio en España de un -73,1 por ciento, según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Esta caída libre se debe a que el mercado debe reabsorver primero el stock de viviendas sin vender. Estos datos de certificaciones previas al inicio de las obras adelantan, por tanto, cuál será el ritmo de actividad del sector inmobiliario en los próximos años y ponen de manifiesto hasta qué punto los promotores están ajustando su producción a la caída de la demanda.
Por otro lado, la región de Murcia protagoniza el mayor descenso en su cifra de recaudación tributaria con una caída del 26,3 por ciento en el primer cuatrimestre del año, según el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). La caída media de los ingresos tributarios en España es del 16,1 por ciento.
En este contexto, el sindicato resalta la importancia de reforzar la lucha contra el fraude para que afloren las bolsas de dinero negro, ya que la economía sumergida se sitúa en el 23 por ciento del PIB nacional, lo que supone que existen actividades económicas por importe de más de 240.000 millones de euros que no pagan impuestos, de forma que se dejan de ingresar casi 90.000 millones anuales.
A pesar de la menor recaudación tributaria motivada por la desaceleración económica, los Técnicos de Hacienda estiman que el "colchón" de superávit alcanzado en 2007 puede "salvarse" con un plan eficaz de prevención del fraude capaz de reducir la economía sumergida en España en diez puntos porcentuales, algo que permitiría recaudar, vía impuestos, 25.000 millones más al año.
Por este motivo, consideran "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centren en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
Los Técnicos de Hacienda solicitan también al Gobierno español reformas estructurales para garantizar un "mantenimiento sostenible" de las prestaciones sociales actuales y del gasto público.
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