El 'tijeretazo' en 15 puntos / por Peperufo

1. Los duros recortes aplicados por el gobierno regional son consecuencia del incumplimiento por parte de la Comunidad Autonóma de Murcia de los compromisos adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que establecían que las comunidades autónomas cerrarían el año 2010 con un déficit en sus cuentas no superior al 2,4%. Las agencias de rating se han apresurado a castigar la deuda murciana por la pésima gestión e imprevisión de la consejera de Economía, Inmaculada García, lo que ocasionará que paguemos mayores intereses para colocar nuestra deuda en caso de que el Ministerio nos autorice la emisión de 500 millones de euros, sin los cuales la Comunidad Autónoma entraría en suspensión de pagos.

2. Estos recortes, muy duros y lesivos, principalmente contra los derechos de los funcionarios de la Comunidad de Murcia, son la consecuencia de no haber adoptado anteriormente otro tipo de ajustes, menos intensos y dolorosos, y que habrían evitado el incumplimiento del déficit en el que incurrió el gobierno regional. El resto de comunidades no han tenido que aplicar tales ajustes extraordinarios para el ejercicio de 2010, hemos sido la excepción en España. Esta vez tiene menos sentido que nunca culpar a Zapatero como acostumbra a hacer el PP murciano.

3. Esta situación nos ha enseñado que a los ciudadanos no nos sale gratis el hecho de que una Administración no cumpla con los compromisos adquiridos en la lucha contra el déficit público, con desastrosas consecuencias. La imprevisión y la negativa a tomar medidas impopulares por cálculos electoralistas acarrea que los ajustes a adoptar en el medio plazo sean más duros y de mayor cuantía. Es la principal diferencia entre Zapatero y Valcárcel.

4. Las medidas extraordinarias aprobadas en la Asamblea Regional no tienen vuelta atrás. Representan los recortes para el cierre de 2010. El año 2011 traerá sus propios recortes, sobre todo si la comunidad autónoma sigue sin apretarse el cinturón como es debido. Las comunidades autónomas ejecutan 2 de cada 3 euros de gasto público en España junto a los ayuntamientos por lo que los ajustes se tendrán que seguir produciendo principalmente en las autonomías, quienes suscitan ahora las mayores dudas en los mercados, una vez que el Estado ha cumplido e incluso mejorado sus compromisos con la reducción del déficit público.

5. Los funcionarios, sindicatos y colectivos afectados por los recortes, tienen todo el derecho a manifestar su descontento. Se quejan de que ya soportaron sobre sus espaldas los ajustes del gobierno central, cifrados en un 5% del salario. Denuncian el despilfarro del gobierno regional, y la cantidad de entes públicos y consorcios donde supuestamente mantienen sus privilegios intactos los numerosos "enchufados" por el gobierno regional. Consideran que se ponen patas arriba todos las conquistas sociales de los últimos 15 años.

6. El despilfarro, como la corrupción política, representan fenómenos muy generalizados que venimos sufriendo y conociendo durante largos años en nuestra región. Decenas de portadas, de noticias, de telediarios abiertos con insignes políticos detenidos por defraudar, malversar, traficar con influencias, con durísimos informes policiales sobre la mesa. Muchos de los afectados por los recortes, aún conociendo los abusos, nunca levantaron la voz contra los mismos y miraron para otro lado.

7. Muchos de los que ahora denuncian y se manifiestan contra el despilfarro del gobierno regional han asistido impasibles a años de denuncias y abusos sobre el descontrol y el despilfarro en la Administración regional. No han sabido por lo tanto defender sus intereses. Una mayoría solo se ha interesado y movilizado por estas causas cuando les han tocado el bolsillo, y no antes. Eso es muy duro y muy triste. ¿Cuántos funcionarios y no funcionarios habrán refrendado en las urnas a un gobierno regional que ya sabían que despilfarraba y era permisivo con la corrupción política y económica? Si extrapolamos los resultados electorales, podríamos decir de nuevo que una mayoría. Muy pocos entendieron la gravedad y el peligro que suponía la corrupción para la sostenibilidad del sistema público del que formaban parte.

8. ¿Se pensaban estos funcionarios, interinos, servidores de lo público, que no pagarían la corrupción que campaba a sus anchas a lo largo de toda esta región? Parece que sí. Y por eso avalaron en las urnas a un gobierno despilfarrador y sospechoso de corrupción masiva. Y parece que volverán a hacerlo en mayo. Algunos recogen lo que han sembrado, aunque no todos. La comunidad autónoma gestiona un presupuesto de 5.000 millones de euros y maneja la mayor parte de las competencias en empleo, educación, sanidad, ordenación del territorio, turismo, medio ambiente, comercio, dependencia y cultura. ¿Merecen un espaldarazo cuando hemos sido la única región que ha tenido que aplicar un ajuste adicional tan severo en 2010?

9. La responsabilidad del gobierno regional no puede enmascarar una responsabilidad, profunda y moral, de una sociedad que ha premiado el despilfarro y la corrupción masivamente. Las manifestaciones, legítimas y necesarias, llegan muy tarde y a los ojos de muchos, ya no son creíbles. La corrupción no sale gratis nunca para el ciudadano. De momento parece que el ciudadano ha decidido que para la clase política sí. ¿Cambiará la tendencia?

10. Solo lo presuntamente defraudado en el caso Nueva Condomina (300 millones de euros) supera con creces el ajuste que se acaba de producir en la administración regional. Y es solo un caso, conocemos decenas, y los que vendrán por el camino y todavía desconocemos. Si sumáramos todos los casos de corrupción, el dinero que presuntamente se ha malversado, el que se ha perdido en maletines, o el que se ha evadidado en paraísos fiscales, ¿nos escandalizaríamos o todavía no sería suficiente?

11. Una simple pregunta debería ponernos en alerta. Si como muchos informes económicos indican, la región de Murcia ha sido la comunidad autónoma que más ha crecido en la última década, y sin embargo, seguimos en la cola de la mayoría de indicadores de bienestar social y económico, ¿dónde ha ido a parar la riqueza que se ha creado todos estos años y por qué la comunidad que más ha crecido e ingresado en las arcas es la que mayores ajustes ha tenido que adoptar para garantizar la sostenibilidad de sus cuentas?

12. Hay dos problemas: uno de gestión y otro de falta de control sobre la gestión. Del primero es responsable el gobierno regional. Del segundo, todos nosotros. Tenemos un gobierno regional que es un fiel reflejo de nuestros valores como sociedad. Si hemos aceptado la especulación, la destrucción de los servicios públicos y del medio ambiente, el compadreo de políticos y empresarios del ladrillo, las ayudas injustificadas a colegios y hospitales concertados, ¿por qué no habríamos de aceptar esos mismos ajustes en los ciudadanos mientras se mantienen los privilegios de una minoría enchufada?

13. La alternativa solo puede pasar por un modelo socialdemócrata basado en la eficiencia, en la transparencia de nuestras cuentas y en la justicia social. Eficiencia, porque con menos recursos tendremos que hacer las mismas cosas que antes y a ser posible mejor. Transparencia en nuestras cuentas, porque los fondos públicos no pueden despilfarrase ni terminar en manos de intereses privados. Y justicia social porque cada euro que gastemos debe repercutir en una mejor redistribución de los recursos públicos para que se beneficie a una mayoría de ciudadanos.

14. El gobierno regional debería tomar nota aplicando un verdadero plan de austeridad que ponga fín a la red clientelar que sustenta y a los abusos de algunos de sus cargos, depurando implacablemente los casos de corrupción que les afectan, exigiendo las responsabilidades oportunas, para dar ejemplo. La oposición debería dibujar una alternativa creíble y sensata, adaptada a una nueva realidad: la austeridad presupuestaria. La ciudadanía debería ejercer un mayor control sobre las competencias de la comunidad autónoma y reclamar las responsabilidades que correspondan, haciendo a su vez autocrítica. No toda la responsabilidad es de la clase política.

15. Es curioso el fenómeno social de la "fobia a los funcionarios". Desde el sector privado se ataca con demasiada facilidad a los servidores públicos. Ésta es una buena muestra de la vileza de una sociedad "neoconizada". Una sociedad que no respeta a profesores, maestros, médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, asistentes sociales, etc, no es una sociedad sana. Los funcionarios públicos en su inmensa mayoría ejercen su labor con una enorme dignidad y dedicación, y a veces por un salario que no compensa su esfuerzo. Respetemos desde el sector privado la labor de los funcionarios y trabajadores del sector público. No olvidemos que mientras en el sector privado se ganaba mucho dinero, y se hacía negocio fácil, ellos subsistían con sueldos que apenas se incrementaban año a año. Ahora son los que van a sujetar con sus ajustes la sostenibilidad de nuestras cuentas. Como mínimo merecen respeto y consideración. Su lucha debe ser la de todos.

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