El molino Oliver de Aljucer tendrá que ser reconstruido, según un acuerdo municipal

MURCIA (23 mar. 2010). - La Asociación Juvenil Villa de Aljucer (AJVA) y la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR) muestran su alegría por la sanción municipal a la Junta de Hacendados obligándole a reconstruir el molino de Oliver y exigen a su presidente, Sigifredo Hernández, que dimita y junto a sus directivos pague los gastos y multas, según el comunicado conjunto que han emitido ambas asociaciones.

Tanto AJVA como HUERMUR consideran una victoria que el Ayuntamiento de Murcia recoja esta reivindicación que llevan haciendo desde hace dos años, pero lamentan que no haya hecho pública la noticia de la sanción aprobada por la Gerencia de Urbanismo.

Exigen a Sigifredo Hernández y al resto de miembros de la comisión que mandaron derribar el molino, que dimitan y paguen las multas y la reconstrucción, para que no tengan que cargar todos los hacendados con los resultados de sus decisiones ilegales.

Queda todavía pendiente el juicio por el supuesto delito contra el patrimonio, que es un caso penal contra Sigifredo Hernández, que ya se encuentra imputado por los daños causados al escudo del Molino, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

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SANCIÓN MUY GRAVE. - El Ayuntamiento de Murcia, en la sesión del pasado día cuatro del Consejo de Dirección de la Gerencia de Urbanismo, ha aprobado una sanción muy grave a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia.

Según este acuerdo, la demolición del molino Oliver no cumplió las normas pra la protección del patrimonio histórico cultural, por lo que le sanciona con una multa urbanística de 2.4219,20 euros, y el restablecimiento del inmueble.

Los hechos sucedieron el dos de enero de 2008, cuando la Junta de Hacendados comenzó a derribar sin licencia de obras, sin declaración de ruina y sin autorización de derribo el Molino de Oliver, una construcción del siglo XVIII protegida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.

Los vecinos de Aljucer denunciaron los hechos, llegándose a colocar varios miembros de la AJVA delante de las excavadoras hasta que la Policía Local y la Gerencia de Urbanismo paralizaron las obras por carecer de autorización municipal y sin haber informado de la obra a la Consejería de Cultura.

AJVA y HUERMUR han venido reclamando durante estos dos años el restablecimiento de la legalidad, sancionando a los directivos de la Junta de Hacendados por la decisión, ya considerada ilegal, de derribar el molino, y que hizo desaparecer durante dos meses el escudo BIC, que apareció gravemente dañado.

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. - Con el conocimiento de esta decisión, que el Ayuntamiento no ha anunciado oficialmente, las asociaciones pro-patrimonio consideran el hecho una victoria, ya que era una de las distintas exigencias que venían haciendo a las administraciones.

Ahora esperan que si la Junta de Hacendados no cumple la orden de restablecimiento de la legalidad, que incluye la reconstrucción del molino, el ayuntamiento realice la ejecución subsidiaria, según obliga la ley.

Las asociaciones afirman que si el Ayuntamiento de Murcia tampoco hace cumplir este punto, están dispuestos a acudir de nuevo a la justicia para que los responsables municipales lleven a cabo la obligación que le marca la legislación, porque “como llevamos diciendo dos años, no descansaremos hasta que veamos el molino en pie y con el escudo en su fachada. Esto es un gran paso, pero queda ver ahora cómo nuestro monumento vuelve a lucir como ejemplo de la conservación del patrimonio de nuestra Huerta” en palabras de Pedro Fernández, presidente de AJVA.

Las entidades pro-patrimonio consideran que Sigifredo Hernández y los miembros de su comisión representativa que aprobaron esta demolición ilegal, no pueden seguir un solo día más al frente de este organismo milenario y representativo de la huerta murciana, y que su única salida es la dimisión.

QUE PAGUEN. - Igualmente exigen que Hernández y sus compañeros carguen con los gastos de las multas impuestas por el Ayuntamiento (que suman 10.000 euros entre la del derribo, la limpieza del cauce y la supervisión arqueológica), el coste de la restauración de escudo (todavía no ha sido calculado por la Dirección General de Cultura) y además paguen la reconstrucción del edificio, ya que no se debe hacer correr con estos gastos a todos los hacendados de la huerta, sino que deben pagarse por sus únicos responsables, los directivos que aprobaron una obra ilegal, ya que fueron estos los que agrupados en un órgano denominado Comisión Permanente de la Junta de Hacendados los que decidieron estas obras.

Dicho órgano no está recogido en la Ordenanzas que regulan la Comunidad de Regantes Junta de Hacendados, por lo tanto no tiene ninguna competencia para la toma de decisiones, de modo que sólo obliga a los que firmaron la realización de las obras ilegales y no a todos los huertanos de la Junta de Hacendados. También hay que precisar que el molino de Oliver no es propiedad de la Junta de Hacendados, por lo que es inevitable que surjan dudas sobre el motivo por el que Sigifredo Hernández ordenó su derribo.

CONGRESO EN ZAMORA. - Por otro lado, cabe indicar que durante el pasado fin de semana el caso del molino de Oliver fue expuesto en el congreso internacional de molinología, celebrado en Zamora, como ejemplo de defensa del patrimonio, y de malos usos de conservación y vigilancia por parte de las administraciones. El presidente de AJVA, Pedro Fernández, expuso en el citado congreso una ponencia sobre el patrimonio de la red hidráulica de la huerta de Murcia, y su defensa por las entidades pro-patrimonio desde el derribo del molino de Oliver.

Queda recordar que sigue pendiente un procedimiento judicial por los daños al escudo heráldico BIC situado en el molino, por el que Sigifredo Hernández se encuentra imputado por un supuesto delito contra el patrimonio. Las asociaciones AJVA y HUERMUR se encuentran personadas en dicho procedimiento, “exigiendo también por la vía penal que nadie escape a su responsabilidad en los daños causados al patrimonio histórico, que son daños causados a todos los murcianos, a su historia, y a su identidad como pueblo”, afirma José Antonio Moreno, presidente de HUERMUR.