Se trató sobre la construcción de un aparcamiento, según se desprende de un sumario del caso de corrupción Brugal
MURCIA (28 oct. 2010). - Agentes de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-BLA), que investigan desde hace cuatro años la trama de corrupción conocida como caso Brugal, filmaron a finales de mayo de 2008 una reunión en un hotel de Murcia entre el empresario contratista y dueño del Hércules C.F., Enrique Ortiz, su hombre de confianza, el exconcejal oriolano y exdiputado regional del Partido Popular Pedro Barrios y José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación Murciana de Fútbol.
Este último no es otro que el cuñado de Ramón Luis Valcárcel, presidente del gobierno y del PP murciano, casado con la también concejala del PP en el Ayuntamiento de Murcia María Isabel Valcárcel.
Así se desprende del sumario del caso que se sigue en en el Juzgado de Instrucción número 6 de la localcalidad alicantina de Orihuela.
Para llegar a esa filmación, la policía había grabado previamente conversaciones telefónicas en las que Barrios decía que un "señor de Murcia" le había ofrecido tratar con Ortiz la adjudicación de un aparcamiento, pero que ese "señor de Murcia" era tan relevante que no podía mencionar su nombre por teléfono.
En la filmación grabada Barrios le insistirá a Ortiz sobre Monje: "No dejes de lado a este hombre, porque puede ser un magnífico contacto para el futuro, por ser cuñado de quien es".
El propio cuñado de Valcárcel ha reconocido en la edición de hoy del diario murciano La Verdad, que suele pedir a algunos ayuntamientos, como los de Murcia y Cartagena, la cesión de solares municipales para construir aparcamientos que conlleven la construcción de escuelas deportivas.
El caso Brugal está repartido en una veintena de causas separadas entre el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, el número 3 de Orihuela y el número 1 de Cieza, ya que están presuntamente implicados también los alcaldes del PP de Fortuna y Abanilla. Una treintena de personas han sido ya imputadas, como es el caso del presidente de la Diputación de Alicante, de la actual alcaldesa y del anterior alcalde de Alicante, así como concejales de Orihuela y diputados regionales y nacionales, todo ellos también del PP, y empresarios de la construcción, por lo que los procedimientos podrían llegar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y al Tribunal Supremo.
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