Este holding mantiene relaciones personales y societarias con destacados miembros del Partido Popular
MURCIA (19 oct. 2010). - El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, mantiene abierta una investigación por supuestas irregularidades en la concesión de servicios y la adjudicación de obras a La Generala, grupo que preside Manuel Martínez Ortuño, según informa murciaeconomia.com, una web muy cercana a la propia Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), ya que su cabecera lleva la publicidad de la patronal murciana y en ella escriben como articulustas su propio presidente y el mismo secretario de la CROEM, Miguel del Toro y Clemente García, respectivamente. En el subtitular de la noticia, de la que es autor F.A. (que correspondería a las iniciales del director de la web, Fernando Abad), se destaca que el holding que se investiga "mantiene relaciones personales y societarias" con dirigentes del Partido Popular (PP)
Esta investigación de Juzgado y Fiscalía, no estaría relacionada con el caso ‘Umbra’, que se sigue en el juzgado número 8, y que mantiene imputados al concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena; al ex director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra; al promotor de Nueva Condomina, Jesús Samper; al promotor inmobiliario Renato de Noce, al abogado y promotor Higinio Pérez Mateos, así como a la jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y esposa de Guerra, María Isabel Fernández, y al también empresario Francisco Arqués, hasta una veintena de imputados.
El grupo La Generala, con sede en la pedanía murciana de La Raya, surgió como un centro de jardinería y en unos años ha extendido su actividad a la promoción de viviendas, construcción de obra pública, gestión de suelo industrial, servicios de mantenimiento de jardines o recogida de basuras, entre otras, con una facturación en 2008 superior a los 107 millones de euros.
Este grupo ha recibido en los últimos años adjudicaciones por parte, entre otras instituciones, del ayuntamiento y la comunidad autónoma de Murcia, y otros ayuntamientos murcianos y de la vecina Comunidad Valenciana. Son conocidas las relaciones existentes entre el presidente del Grupo y destacados dirigentes del Partido Popular.
La Generala fue, por ejemplo, la adjudicataria del aparcamiento subterráneo en el jardín de San Esteban, una obra paralizada tras la aparición de un yacimiento arqueológico y por el que la empresa reclama al ayuntamiento de Murcia una cantidad de unos tres millones de euros en concepto de indemnización por el inicio de las obras y proyectos que realizó.
También tiene importantes inversiones con el ayuntamiento de Alcantarilla. Su actividad económica se está desarrollando también en el sector de la recogida de basuras, siendo ya adjudicataria en Cieza, entre otras localidades.
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